Canarias ha aprobado un nuevo régimen sancionador para las imprudencias y negligencias que obliguen a movilizar servicios de emergencia y rescate, con multas que pueden alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves.
La modificación de la Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias, establece tres niveles de infracción en función de la gravedad de la conducta y del riesgo generado para las personas, los profesionales y los medios que intervienen en el operativo.
Las infracciones leves podrán ser sancionadas con entre 100 y 3.000 euros. En esta categoría se incluye la movilización de servicios de rescate por imprudencia simple o negligencia leve cuando no se genere un peligro especial para los equipos de emergencia.
Las infracciones graves tendrán multas de entre 3.001 y 100.000 euros, mientras que las muy graves podrán alcanzar entre 100.001 y 600.000 euros cuando la conducta imprudente provoque un grave riesgo o daños a las personas, a los profesionales o a los medios movilizados.
Bañarse con avisos, ignorar prohibiciones o practicar senderismo sin precauciones

La normativa puede afectar a situaciones relacionadas con rescates en costas, barrancos, senderos, espacios naturales y otras zonas de riesgo, siempre que exista una conducta negligente o un incumplimiento de las indicaciones de seguridad.
Canarias ya contempla además tasas por determinados rescates cuando una persona ignora advertencias de peligro, entra en zonas prohibidas, realiza actividades sin la autorización necesaria, desoye avisos oficiales durante una situación de alerta o no lleva el equipamiento adecuado.
El senderismo, por sí solo, no está considerado una actividad de riesgo que implique automáticamente el pago de una tasa. Sin embargo, sí puede generarla si se practica ignorando prohibiciones, accediendo a zonas restringidas o sin el equipamiento necesario, como un calzado adecuado.
Las llamadas falsas al 112 también pueden ser sancionadas
La nueva regulación incluye también sanciones por realizar llamadas falsas al 112 que provoquen la movilización o el desvío innecesario de recursos, así como por llamadas abusivas, amenazantes o realizadas de forma que dificulten el funcionamiento del servicio.
El dinero recaudado a través de estas sanciones se destinará a la mejora y dotación de los servicios de protección civil y emergencias de Canarias.
Cada caso deberá analizarse de forma individual y la sanción dependerá del grado de negligencia, del peligro generado y de las consecuencias que haya tenido la actuación para los equipos de emergencia.